LUNES 15 DE ABRIL DEL 2013.
AUTORIDADES Y SUS COMPROMISOS.
Las
Contralorías que supervisan las operaciones y el ejercicio presupuestal
de las dependencias, no son precisamente de partidos diferentes a los
que
la dirigen, ni son enemigos de las dependencias, son auditores
teóricamente capacitados para ejercer la función de supervisión y
vigilancia así como producir las recomendaciones que permitan corregir
las desviaciones o los trámites para sancionar adecuadamente
a los responsables.
Esto
es desde luego teoría. En la práctica en los últimos años esta
importante función se desvirtúo, utilizando los cuantiosos recursos
puestos a su
disposición solo para canalizar las revisiones en contra de quienes eran
seleccionados por razones políticas partidista y no por irregularidades
cometidas, lo que dio como consecuencia indemnizaciones económicas
importantes con cargo al erario público, reposición
al empleo, pero los linchamientos mediáticos causaron en algunos casos
no solo la ruina económica, social y familiar, sino inclusive suicidios.
Los
Contralores fueron ampliamente protegidos, haciéndolos Embajadores o
legisladores, desde donde pontifican lo que debe hacerse pero que ellos
mismos
no hicieron.
La
Contraloría General de la República se crea en la época del gobierno
del Presidente Miguel de la Madrid, sobre el tema de la Renovación Moral
ofrecido
en su campaña. Antes cada dependencia nombraba a su Contralor y éste a
su cuerpo de auditores y las cosas marchaban.
En
la década de los sesenta, como Auditor del Banco Nacional de Crédito
Ejidal, propuse que la se ejercieran acciones preventivas, ya que
detectar
irregularidades a lo pasado y sancionar a los responsables, eran sin
duda las medidas tradicionales pero aumentaba el desprestigio de la
dependencia, no se recuperaba el recurso desviado, se generaba
desconfianza y provocaba complicidad que hacía más difícil
la detección y la sanción, aunque fuera vox populi este hecho.
Se implantó y se redujeron los recursos desviados.
Pero
a partir de la Contraloría establecida por el Presidente De la Madrid,
seguramente impulsado por buenos deseos, no ha cumplido en poner orden
y corregir la conducta desleal, deshonesta e ineficiente de los
funcionarios y la prensa diaria da cuenta como no solo aumentan en
número sino también en monto e
impunidad los actos que exhiben a la administración pública y ofenden a
los ciudadanos que puntualmente pagan sus impuestos y respetan la ley.
Los funcionarios públicos electos tienen además un compromiso personal, profesional y político con
quienes
lo eligieron y hasta con los que no pero que igual los representan y
los partidos políticos deben ser la Contraloría que actúe en la
vigilancia de los actos de estos funcionarios, ya que sus buenos
resultados, que son su obligación, fortalece al partido
que los postularon, pero una deficiente y deshonesta conducta con malos
resultados, afecta a todos los militantes de su partido que en la
siguiente elección paga las consecuencias de un rechazo por parte de los
electores y el partido no debe permitir que la
conducta de unos cuantos afecte a todos los militantes, muchos de los
cuáles dan su esfuerzo, su tiempo, sus cuotas y realmente creen en él.
Y
los dirigentes de los partidos han caído en el molde de no permitir la
crítica a los que considera sus abanderados. Cualquier crítica por
sustentada
que esté es causante de ira de los privilegiados en contra del que la
emite, en lugar de agradecerla y tratan de acallarla, minimizarla, sin
considerar que la obligación mínima que tiene como partido, es vigilar a
quienes seleccionó como sus representantes
en los procesos electorales.
El
sábado pasado rindió la protesta de rigor Roger Alcocer García
Presidente de Valladolid, como Presidente de la Federación Nacional de
Municipios
de México, en Yucatán y se señaló la obligación de los Presidentes
Municipales la creación de empleos bien pagados, atender educación,
salud, seguridad y crear zonas de bienestar y esparcimiento.
Y
los ciudadanos cada vez están más enterados del comportamiento de sus
autoridades y no hay forma de evadir la sanción administrativa, legal y
social
y en esto los medios con seriedad y objetividad, son un importante
elemento para la revisión de los actos de gobierno y
de gran ayuda a quienes son los responsables de vigilar operación y resultados de funcionarios y las dependencias.
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