VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
Quizás por inercia o comodidad, la opinión pública dirige sus criticas por las fallas del gobierno solo al titular del Ejecutivo y esto es válido para los tres niveles de gobierno, sin embargo, cuando se analiza con mas frialdad los hechos, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que molestan a la sociedad tienen su origen en el Legislativo y en menor cuantía en el Judicial.
Por ejemplo, las dependencias del Ejecutivo Federal plantearon la necesidad de suprimir incluso anuncios en horarios infantiles de la llamada comida chatarra y aunque el Secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos cubrió las formas políticas de expresar su reconocimiento al Senado de la República por la aprobación de la llamada ley anti obesidad, manifestó que solo restringir la venta y publicidad dentro de los planteles educativos no es suficiente.
Debo reconocer que el Senador panista Guillermo Tamborell al intervenir sobre el tema en la tribuna, dijo que el Senado “se doblegó” ante los intereses alrededor de la ley y otro Senador, Ricardo Monreal, coordinador del Partido del Trabajo, coincidió con esos conceptos.
Entonces debemos de preguntarnos donde está la mayor culpa de que no se combata eficazmente el consumo de la llamada comida chatarra y se mantengan los elementos causantes de la obesidad infantil con todas sus consecuencias: ¿en el Ejecutivo o en el Legislativo?
Y sin que se haya difundido ampliamente, el hecho de que el Presidente de la República haya recibido la aprobación del Legislativo de un aumento a su salario de 30 mil pesos mensuales, cuando el aumento a los trabajadores para el 2011 se considera solamente el 4.5 por ciento, es ampliamente criticado y aunque desde luego la responsabilidad no es la misma, vale recordar que las condiciones económicas de las percepciones y prestaciones del Presidente de México es de las altas del mundo y eso incluye a los Mandatarios de países del primer mundo y a los que hacen eficazmente su trabajo.
¿Cuál es el argumento que esgrimen los legisladores para autorizar tal aumento?
Recién se acaba de autorizar bonos de riesgo no solo para el Presidente, sino para una serie de funcionarios federales que tienen tal protección de su seguridad física, que es muy remoto que sean víctimas de algún atentado.
¿Hasta cuando el legislativo asumirá su verdadero papel y autonomía y califique con claridad el desempeño de los altos funcionarios del gobierno federal?
¿Hasta cuándo aprobaran leyes que entren en vigor con las herramientas suficientes para su cabal cumplimiento?
¿Realmente el gobierno procura las herramientas para que el derecho a la educación y el derecho a la salud sean realidades para los mexicanos?
Todos los días los especialistas en el tema dictan conferencias sobre el contenido de los artículos 3 y 4 de la Constitución, donde se plasman los derechos de los niños que contempla entre otros: los civiles como nombre, nacionalidad; los derechos económicos que incluyen la seguridad social y un nivel de vida digno; los sociales señalan que debe de contar con asistencia médica y protección contra cualquier agresión y los culturales que abarca la educación y estos especialistas señalan también los millones de niños en el país que son explotados en todos los sentidos incluyendo la prostitución y reciben malos tratos físicos y psicológicos.
Debe de preocuparnos seriamente esta actitud del Poder Legislativo, de querer justificarse sin convencer, como si no conocieran la realidad del país, de aprobar leyes que más temprano que tarde se vuelven letra muerta.
Exijamos a nuestros representantes en el Legislativo menos declaraciones y más seriedad en su trabajo.
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